La Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, –que este año cumple su 10º aniversario y que es de obligado cumplimiento para nuestro Estado–, reconoce en su artículo 6 que “las niñas y mujeres con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación” y se compromete a adoptar medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.
Sin embargo, hoy en día en España miles de mujeres y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo siguen padeciendo el doble estigma de su género y su discapacidad. Por eso, en el Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana, Plena inclusión advierte que estas situaciones de discriminación están sucediendo habitualmente en las esferas más cotidianas de la vida de estas mujeres: la salud, la educación, el empleo, etc.
Abuso sexual. Según un estudio publicado en el Journal of Applied Research in Intelectual Disabilities (marzo 2010) sobre prevalencia de abuso sexual en mujeres con discapacidad intelectual, este abuso es mucho más frecuente en mujeres que en hombres (un 61% frente a un 25%). Esto se une a que el nivel de denuncias de este tipo de abusos es menor en las mujeres con discapacidad, por su situación de especial vulnerabilidad (incapacidad para reconocer que se trata de un abuso, dependencia del agresor, falta de autoestima, miedo a las consecuencias, falta de credibilidad…) Incluso a veces el propio sistema las deja indefensas, por ejemplo si quien sufre el abuso está incapacitada y su agresor es su tutor legal.
Salud y maternidad. Junto a este tipo de agresiones, estas mujeres se enfrentan a situaciones muy graves por el mero hecho de tener discapacidad intelectual o del desarrollo, como la esterilización e imposición de métodos anticonceptivos, los abortos forzados, la retirada de la custodia de los hijos... Estas imposiciones también se relacionan con casos de incapacitación legal, que dejan indefensas a estas personas para asumir decisiones sobre su propio cuerpo. La Convención de la ONU citada anteriormente, se refiere en su artículo 23 al derecho de las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas, a “mantener su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Por otro lado, el estudio “Discapacidad intelectual y salud. Derechos, desigualdades, evidencias y propuestas” realizado en 2013 por Plena inclusión con la colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid, estima que sólo un 10% de las mujeres con discapacidad intelectual acude al ginecólogo. La falta de acceso a servicios de salud preventivos como éste es extremadamente preocupante, ya que es el modo más frecuente de detección de enfermedades (como cánceres de mama o cérvix), que pueden llegar a causar la muerte.
En el ámbito de la educación. El año pasado, Plena inclusión realizó un estudio con 618 mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo en Castilla y León, un 40% de las cuales asegura haber tenido un trato diferente en el ámbito educativo, y un 30% identifica abusos físicos y psicológicos en el colegio. Tan sólo el 57% de ellas llevó a cabo alguna medida para tratar de solucionar la situación (contarlo, pedir ayuda, denunciar, etc.).
La Fundación CERMI Mujeres ha alertado recientemente del elevado fracaso escolar de las niñas con discapacidad, sobre todo en las etapas de secundaria obligatoria y superior. Este abandono se basa en muchos casos en el temor de la familia a que la menor sufra abusos sexuales en el entorno escolar, especialmente en niñas y jóvenes con discapacidad intelectual.
Acceso al empleo. Según datos recabados por Plena inclusión y su asociación AEDIS, el 60% de los varones con discapacidad intelectual en edad y con capacidad para trabajar está en paro. En el caso de las mujeres de este mismo colectivo esta situación es aún más desalentadora, ya que sólo trabaja 1 de cada 10. Si nos centramos en el ámbito salarial, según el informe “Salario de las personas con discapacidad” (INE, 2014) estima que las mujeres con discapacidad ganan de media 3.000 euros menos al año que los hombres.
A todas estas situaciones de discriminación se une la falta de herramientas para combatirla. En este sentido Plena inclusión reclama que las Administraciones se comprometan a realizar informes que puedan evidenciar mejor estas realidades, y sirvan para actuar con celeridad para erradicarlas.
La igualdad de género es uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible acordados por Naciones Unidas. Este objetivo habla de empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género como una acción fundamental para acelerar el desarrollo sostenible, porque poner fin a la discriminación contra mujeres y niñas no es sólo un derecho humano básico, sino que tiene un efecto multiplicador en todas las demás áreas del desarrollo.
Asociada a Plena Inclusión (antigua FEAPS) y patrono de Fundación Fuente Agria